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VISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

por: Adolfo Ahumada

 

Antecedentes

Al momento de formular una evaluación acerca del canal de Panamá o de su estructura material o administrativa, habría que tomar en consideración sus más importantes antecedentes. El canal fue uno de los principales objetivos, no solamente de la política exterior panameña, sino también de la preocupación de sus distintos sectores ciudadanos. Una triada demasiado abrumadora se cernía sobre toda la República, dado que tres elementos o factores le daban al país el carácter o la conformación de semicolonia. La ruta de tránsito interoceánico que había estado fuera del control panameño durante toda su historia, al  menos desde la colonia, servía para finalidades de comunicación  internacional, pero sin la participación panameña ni en cuanto a su orientación, y mucho menos en cuanto a los beneficios que pudieran alcanzarse.

Por otro lado sobre la ruta se estableció una zona territorialmente separada del resto de la Nación, dirigida por un gobernador , el cual tenía facultades políticas, aparte de las administrativas y las militares, que fue la forma que adoptó el  gobierno de los Estados Unidos para garantizar que no hubiera fisuras en su presencia en la céntrica Panamá. La zona del Canal se convirtió así en el mecanismo más activo y férreo de la presencia norteamericana. Ello dio lugar a que la ciudadanía panameña desarrollara su imaginación y hasta la literatura de todo   el siglo veinte le denominó la “quinta frontera”, totalmente  alejada de la cultura nacional panameña, según fue su intención y su destino. El otro factor de la triada fue el de las instalaciones o bases militares. Sujetas a una gran discusión entre personalidades panameñas y de los Estados Unidos con respecto a su implantación   y a su alcance,  el tema de las bases  militares copó todos los espacios posibles. Mientras que los pensadores y algunos gobernantes panameños insistían en que se trataba de emplazamientos para la defensa exclusiva del canal, en los Estados Unidos prevalecía la tesis de que se trataba de una protección amplia y sin limitaciones, que podía extenderse a distintas áreas del territorio de la República, de conformidad con cada una de las necesidades que fueran surgiendo en el plano de los enfrentamientos internacionales.

La contradicción parecía insalvable. Con mayor o menor grado de compromiso, lo cierto es que en distintas épocas, Panamá expresó el ideal de superación de esta subordinación que no merecía  y, por su debilidad estructural, el atraso de algunas de sus instituciones o la pequeñez de su territorio, lo cierto es que se esforzó notablemente por resolver el diferendo, sin obtener por esa lucha significados satisfactorios.

El Tratado Torrijos - Carter

El nudo gordiano vino a desatarse el 7 de septiembre de 1977, con  resultados físicos el 1 de octubre de 1979, fechas memorables que señalaron, por una parte, la firma de los Tratados Torrijos-Carter después de arduas y difíciles negociaciones y, por otra parte, la entrada en vigencia de esa concertación, que dio lugar al desplome de la colonia y al acceso de entidades panameñas a cada una de las funciones gubernamentales que se ejercían allí por parte del gobierno de los Estados Unidos. En el mundo contemporáneo, en ocasiones hay  intensas discusiones sobre el impacto de las fechas en  el devenir de cada Nación y esos son intercambios que se repiten en multiplicidad de ocasiones. Todavía se oyen voces sobre si el surgimiento de Panamá como Nación libre e independiente el 3 de noviembre de 1903 fue un acto de separación o de independencia  y se escuchan recriminaciones, según el punto de vista de cada cual. A veces, diciéndolo o sin decirlo, con intención o sin ella, se contrapone el 9 de enero de 1964 al 31 de diciembre de 1999, fecha de la reversión de la triada o, peor aún, al 7 de septiembre de 1977, fecha esta última que, por evocar  el nombre de Torrijos, da lugar a resistencias y a suspicacias, a pesar de ser el protagonista panameño de  esas jornadas. Todas las fechas históricas están concatenadas y ninguna merece supeditación o desprecio. Cada una muestra un instante estelar y proyecta una imagen, una generación, un esfuerzo colectivo de avance o de triunfo.  Es como una gran gradería, la de un coliseo, como los que tenían los romanos. Cada uno iba poniendo una grada, pero al final siempre faltaba una, la que realmente daba por terminada la obra, porque de lo contrario, se caía en el vacío. La que hizo la última grada, la que coronó el coliseo y le dio a Panamá la satisfacción del triunfo  fue precisamente la concertación Torrijos-Carter, la que ha permitido cancelar ese período de humillación para la Nación y la que le devolvió su autoestima, la que le dio el impulso para abrir nuevas avenidas, para consolidar su independencia, la que permitió que fuera la discusión interna y solamente interna – salvo excepciones, desde luego—decidiera los rumbos , por dónde había que caminar, con qué recursos y qué había que hacer para conservar la fuente de los recursos.

A mi juicio, ese es el verdadero significado de la lucha nacional. El alineamiento de las fuerzas torrijistas, su coalición en un ideal de independencia, su nueva moral, acicateada por el idealismo., la capacidad para atraer a otros sectores o corrientes, el liderazgo interno del General Torrijos con su patrullaje doméstico y su idea de la yunta- pueblo gobierno, todos esos elementos que algunos bautizaron como “dictadura” y otros, nosotros, sustentamos que se trataba de un proceso revolucionario, tuvieron la virtud de forjar un frente externo con capacidad para expresarse hacia el exterior, atraer apoyos políticos en todas las regiones y continentes y dar la batalla diplomática y la del corazón, para finalmente construir la grada que faltaba , culminando de esa manera la tarea popular que Eusebio A. Morales empezó desde 1904.

Así que fue el 7 de septiembre de 1977 cuando se puso fin a la colonia: La Quinta Frontera desapareció, se le puso fecha fija a la terminación de  la administración norteamericana del canal y al cierre de las instalaciones militares, este último con desmantelamientos periódicos que terminaron el 31 de diciembre de 1999, o antes, porque a esa fecha ya solo quedaban en Panamá algunos efectivos militares más bien adscritos a la Embajada.

Es una injusticia histórica no reconocer el altísimo valor  de la concertación de 1977. Todo el que me conoce sabe que no lo digo por el hecho de que a  me tocaron responsabilidades en esa negociación, en la mesa junto con Rómulo Escobar Bethancourt, Jaime Arias y Armando Contreras, frente a los negociadores  norteamericanos, que, para esos efectos específicos de  las bases militares era  Michael Kozak, Geraldine Chestteer y Phil Barringer, en reuniones que se celebraban en el propio Departamento de Defensa –el Pentágono—en Washington o en Panamá, en la Isla de Contadora, con el hospedaje que brindaba Gabriel Lewis Galindo y su esposa Doña Nita.

Panamá y América Latina celebraron el acontecimiento. No obstante, una sombra de duda, alentada por algunos círculos de los Estados Unidos y, quizás, por sectores de América Lati8na que, aunque minoritarios, adversaban a Torrijos e impulsaban la idea de que Panamá no tenía capacidad para manejar el canal y que era un verdadero absurdo desprenderse de la protección física que proveían las fuerzas armadas de los Estados Unidos. La realidad demostró lo contrario, Panamá supo organizarse internamente, el período de espera de 23 años fue útil para la preparación, a fin de asumir sus nuevas tareas y, al fin y al cabo, la sensatez, la prudencia y el fortalecimiento del espíritu nacional alrededor de este tema, dio por resultado que las dudas se fueron disipando y que ahora, después de diecinueve años, no hay un solo país que ande en plan de militancia contra Panamá o que le dé por reclamar que los Estados Unidos recuperen  lo que perdieron en negociaciones cordiales   y pacíficas, al mando de dos individuos  que se ganaron la inmortalidad por los méritos que da haber transcurrido por una vida llena de ideales.

La administración panameña del Canal

Los acuerdos a los que se llegaron internamente para buscar la fórmula de administración del canal y  de las áreas que revertían a Panamá en virtud del Tratado del Canal se concretaron después de su devolución  a Panamá y no antes. Ponerse de acuerdo sobre algo que no se tenía podría generar factores de desunión y ello no era conveniente en medio de un proceso de negociación. De modo que los mecanismos de trabajo se fueron delineando hasta desembocar en la Constitución Política de la República, a la cual se le adicionó un Título entero, el Título Constitucional del Canal, mediante la utilización del mecanismo de dos Asambleas distintas, que fueron la que funcionó durante el período presidencial de Guillermo Endara, del Partido Panameñista, complementado, según las exigencias constitucionales, en 1994 al inicio del período presidencial de Ernesto Pérez Balladares. Faltaban más de cinco años para que Panamá asumiera la administración del Canal, pero ya era tiempo de afinar esas decisiones, de tal manera que el país estuviese plenamente4 preparado para esta nueva y espectacular experiencia.

Así se abrió esta nueva etapa. En lugar de una sola entidad destinada a manejar los dos temas, es decir, el canal interoceánico y las áreas que revirtieron y continuaban revirtiendo al patrimonio de Panamá, se establecieron dos. La Autoridad de la Región Interoceánica, por un lado, y la Autoridad del  Canal de Panamá, por el otro. Sin embargo, fue la autoridad del Canal, quizás por su carácter internacional y su cobertura de un mercado típicamente externo y  servidor de más de cien rutas de comercio, la que recibió mayor grado de autonomía y no quedó supeditada a ningún Ministerio. Ha sido siempre la estructura autonómica más grande del país, posiblemente respondiendo al criterio de que es el activo mayor de la República.

Reconozcamos que nos estamos refiriendo a la decisión que se adoptó en 1994, después de muchas consultas, en las cuales participaron representantes de diversos partidos políticos  y profesionales sin militancia partidaria. La decisión clave fue asegurar que el canal fuera una entidad pública, propiedad del Estado, teniendo prohibido, conforme a los dictados de la Constitución, entrar al campo de la empresa privada. Se trata de una combinación entre actividad3s que pueden ser propias de la empresa privada, como la prestación de servicios internacionales, pero sujeta a las normas del Derecho Público, lo que quiere decir que sólo puede hacer lo que la Constitución o la ley autorizan de manera expresa.  Sus decisiones no están sujetas a  suspensión en el caso de que sean impugnadas en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y los Recursos de Amparo de Garantías Constitucionales tampoco suspenden los efectos y la aplicación de las decisiones que adopta. Se incorporó un régimen laboral especial, según el cual es una Junta de Relaciones Laborales, formada por especialistas designados por  propuestas de los  sindicatos y de la Administración, a fin de dirimir las cuestiones referentes  a la vida sindical interna, que, dicho sea de paso, es significativamente activa  y ha alcanzado mayores grados de militancia que en los tiempos en que la administración se ejercía por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Así mismo, el control previo que ejerce la Contraloría General de la República no existe en el caso del Canal de Panamá, a pesar de que para Ministerios y el resto de las entidades  que forman la estructura del Estado ese control, introducido  en la Constitución  Política de 1972, puede ser posterior o previo, de conformidad con lo que decida al respecto el Contralor General de la República.

Hay otro aspecto de la situación canalera que  conviene señalar: mientras que el desarrollo de la facultad reglamentaria  corresponde  normalmente al Órgano Ejecutivo, mediante Decretos Ejecutivos que dicta el Presidente de la República junto  con el Ministro respectivo, toda la facultad reglamentaria relativa al canal la ejerce la Junta Directiva. Así lo establece este régimen, tan especial y tan diferente, aprobado así por dos Asambleas de signo político diferente, en un tiempo  en el que dos fuerzas políticas contrapuestas se pusieron de acuerdo, un poco más de cuatro años después de la invasión del 20 de diciembre de 1989 y que algunos estiman un acto de maduración política de toda la sociedad panameña , dispuesta a armonizar y llegar a acuerdos sobre sus temas fundamentales, sin dar oportunidad alguna  a quienes añoraban, precisamente a raíz de la invasión, a que el canal regresara a la administración de los Estados Unidos.

Estructura autónoma de la administración del Canal

Veamos la estructura  autonómica un poco más de cerca: el Presupuesto  es separado del Presupuesto General del Estado: “No formará parte del Presupuesto General del Estado”, señala el artículo 314 de la Constitución. Por otro lado, la Autoridad tiene la facultad, fijada en el tercer párrafo del artículo 314 de la Constitución, de destinar los recursos que estime adecuados  para cubrir costos de operación, inversión, funcionamiento, mantenimiento, modernización y ampliación y las reservas necesarias para contingencias. Esto significa que, al menos en teoría, el Gobierno central no puede interferir en la distribución de los recursos que realice  la Autoridad del Canal La Asamblea Legislativa aprueba o rechaza el Presupuesto. Si lo rechaza, rige el anterior. Si, sencillamente, no llega a aprobarlo por alguna razón – falta de quórum, por ejemplo—rige el nuevo, el que ha sido propuesto por la Autoridad.

Igualmente, el artículo 44 de la ley 19 de 1997; orgánica de la Autoridad del Canal, establece que los fondos de la Autoridad no podrán ser utilizados para conceder préstamos al gobierno nacional. El artículo 45 de la misma ley 19 de 1997 prohíbe al gobierno nacional comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad directamente o por su intermedio, ni ofrecer bienes del patrimonio de esta como garantía de empréstitos o de cualquier transacción financiera del Estado o de alguna de sus instituciones autónomas. Esto ha sido interpretado en el sentido de que la Autoridad no puede asumir la cobertura financiera de obras cuya responsabilidad sea del gobierno central. Es un aspecto sumamente discutido y continuará discutiéndose  en el futuro inmediato, sobre todo cuando se aborde el tema del  agua y su problemática  a nivel nacional.

Debe advertirse, sin embargo,  que el sistema es completo y orgánico, porque también incluye disposiciones muy objetivas sobre el vínculo del organismo con el Estado o con el gobierno central, que nulifican la posibilidad de que este actúe o pueda actuar absolutamente desligado de la gestión pública general que representa a toda la Nación. Por ejemplo, la  Autoridad del Canal no puede retener ganancias para su propio  uso. Es una institución que genera ganancias o “excedentes”, que es su nombre correcto, pero tiene que entregarlos  al gobierno central , que, al final , es el que determina su destino, sea que se aplique a gastos de funcionamiento o a proyectos de inversión, sin que la Autoridad del Canal pueda intervenir en esa determinación.  Por otra parte, aunque  le corresponde  a la Autoridad del Canal, por vía de la Junta Directiva ya propuesta de la Administración, fijar los peajes que deben pagar las naves por el tránsito interoceánico, , los mismos deben ser aprobados por el Consejo de Gabinete. Igual ocurre en el caso del Presupuesto de la Autoridad, el cual también tiene que ser presentado al Consejo de Gabinete y el mismo lo presenta entonces a la Asamblea Nacional.

La Autoridad del Canal, igualmente, paga, aparte de las sumas que corresponden a sus excedentes, los derechos por tonelada neta que paguen las naves y este pago va directamente al gobierno Central.

La estructura administrativa y directiva del Canal

Desde luego, hay otro vínculo especial entre la Autoridad y el gobierno Central, que resulta de los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva, el cual corresponde, por mandato de la Constitución y la ley Orgánica,  al Presidente de la República.   A su vez, son los miembros de la Junta Directiva los encargados de designar al Administrador, al Subadministrador, al Fiscalizador General y  al Secretario de la Junta Directiva.

El Presidente de la Junta Directiva no es designado por sus miembros sino por el Presidente de la República y, por la circunstancia de ser el Presidente de la Junta Directiva, adquiere el status de Ministro de Asuntos del Canal, según lo señala la Constitución Política. Se trata en este caso de una designación individual, sujeta la estructura administrativa fijada por los reglamentos dictados por la Junta Directiva, según los cuales la responsabilidad por el paso de los barcos  y por el manejo diario de la Corporación queda asignada al Administrador del Canal  y no al Presidente de la Junta Directiva. En consecuencia, no hay un organismo denominado Ministerio de Asuntos del Canal. Hay Ministro, pero no Ministerio. El Presidente de la Junta Directiva participa de las reuniones del Consejo de Gabinete y constituye un enlace entre la Junta Directiva y el Presidente de la República, pero su condición no da lugar a la creación de ningún Ministerio. El Ministro de Asuntos del Canal, contrario a la creencia pública, carece de facultades para hacer designaciones o nombramientos  en la estructura interna del canal, tarea que sí corresponde a la administración, según lo señalan los reglamentos, los cuales establecen mecanismos de selección por concurso y un régimen laboral basado en la estabilidad del trabajador, el cual   solamente puede ser destituido por justa causa y mediante un procedimiento especial, que se aparte de las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo de la República de Panamá.

Distinto a lo que acontece en el resto de las instituciones públicas, el Representante legal de la Autoridad del Canal no es el Presidente de la Junta Directiva, sino  el Administrador. El Administrador, de conformidad con el artículo 23 de la ley 19 de 1997, debe ser de nacionalidad panameña, tener título universitario o experiencia práctica suficiente (en el caso de los miembros dela  Junta Directiva, debe tener título universitario o “preparación equivalente”, tema que ya fue resuelto en una ocasión por la Corte Suprema de Justicia), no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración  pública y no tener, al momento de su designación, parentesco con miembros de la junta directiva dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Obsérvese que esta incompatibilidad no es con el Presidente de la República, sino con los miembros de la Junta Directiva, que son los que lo nombran, por un período de siete años y podrá ser reelegido por un período adicional. El Administrador Alberto Alemán Zubieta fue designado por la Junta Directiva a partir de 1998, venciendo su período en 2005. Fue reelegido y el nuevo período venció en el año 2012. El actual Administrador, Jorge Quijano, fue designado en septiembre de 2012 y su período termina en septiembre de 2019. De conformidad El Administrador solamente puede ser suspendido de su cargo sí así lo aprueban ocho miembros de la Junta Directiva. Es decir, se trata de una mayoría calificada, dado que son once los miembros de ese organismo.

Todavía está pendiente un intercambio sobre el reemplazo del Presidente de la Junta Directiva por razón de alguna ausencia atemporal. En esos casos, preside las sesiones un miembro de la Junta Directiva escogido por ella misma, pero no está claro si, además de dirigir los debates, adquiere temporalmente o no la condición de Ministro de Asuntos del Canal. Mi opinión es que no, pero al respecto hay diversos criterios.

La conciencia canalera

Panamá asumió la administración del canal el 31 de diciembre de 1999. Superando las sospechas en el sentido de que las actividades de carácter político o las aspiraciones políticas, parte, según algunos, de las debilidades estructurales de la sociedad panameña, podían convertirse en factores que funcionarían a contrapelo de una adecuada administración, según las responsabilidades adquiridas por Panamá al momento de la firma de los tratados Torrijos-Carter, el país ha cumplido con sus compromisos internacionales. Una  especie de conciencia canalera ha puesto pie firme  y, al menos hasta ahora, ha puesto sobre el canal una cultura protectora que le ha permitido superar los efectos de todos los vendavales. Administrar un canal que concreta 144 rutas marítimas, más de mil setecientos puertos y 160 países  no es tarea sencilla. Sólo es posible realizarla con la colaboración entusiasta de su fuerza laboral, generalmente anónima  pero orgullosa de su estirpe  canalera  y con una administración que sabe que sobre sus hombros posa un deber que todo el mundo mira con ojos escrutadores.

Panamá o el canal – curiosamente, para el observador internacional es Panamá y para nosotros aquí, internamente, es el canal o la Autoridad o la ACP, ya que el transcurso del tiempo ha establecido esas distintas denominaciones, porque son varios los bautizos—decidieron que el canal   tenía que ser propiedad del Estado. No se puede privatizar. Su patrimonio es inalienable, no se enajena, es de toda la Nación. Confieso que a mí no me pareció bien la expresión sobre que cada panameño es dueño de una acción. Las acciones son formas de distribución de los aportes de capital en las sociedades anónimas  y el canal no es nada de eso ni se parece a eso. Fue una figura, una especie de metáfora que hizo carrera y ahora ese término se usa con frecuencia. No hay miles o millones de dueños del canal, sino uno solo, que es el Estado Panameño, representante formal de la Nación Panameña.

Esa decisión fue trascendente e histórica, demostrativa, además de que el Estado así puede administrar corporaciones o empresas o puede participar también en empresas mixtas.  Además, la Autoridad, ya en función administradora en representación del Estado, cambió la filosofía imperante durante tanto tiempo  y decidió, con constancia en la propia Constitución, que el canal tenía que ser rentable, producir ganancias para su dueño, distinto a lo que había ocurrido durante todo el tiempo de la administración de los Estados Unidos, cuando el canal gastaba con apuros todo lo que excedía. No podía haber ganancias, dado que su roll fundamental era dar apoyo a la marina mercante internacional y, especialmente, de los Estados Unidos. Ese sistema murió el 31 de diciembre de 1999 y se ha venido aplicando con rigurosidad.

Además, se cambió el sistema de cobrar los peajes, porque, en lugar de tener una tarifa única para a todos los barcos, dependiendo solamente de su capacidad de su desplazamiento, la Autoridad del Canal consideró necesario hacer diferenciaciones entre los boques, según su carga o su modo de  operar. Se estudió el tema para determinar si chocaba o era contradictorio con el tratado del canal , es decir, si era un mecanismo de discriminación, que la neutralidad pura y simple rechaza, pero se llegó a la conclusión  de que no había tal discriminación.

El referéndum de la ampliación

Finalmente, en aras de no hacer la lista tan larga, se decidió que el canal ya estaba provocando demasiados “tranques canaleros”, que había una demanda  creciente para el uso de sus servicios, que la competencia cada día  estaba más imaginativa y que era posible lograr más ingresos para el Estado, consideraciones que dieron lugar a la consulta pública, mediante referéndum, que aprobó  la ampliación mediante el tercer juego de esclusas.

Lo que quiero significar es que  el manejo del canal por parte de Panamá  ha sido, al mismo tiempo, audaz pero prudente, una especie de prudencia cuidadosa, que permite avanzar mediante la potencialización de la ruta, pero al mismo tiempo, toma en consideración las complejidades del mercado, para no perder competitividad.  Hay otros proyectos, desde luego, pero todos deberán pasar el  examen de sus posibilidades, con estudios de factibilidad serios y rigurosos y con utilización de la mayor transparencia.

En lo personal, me ha correspondido  intercambiar ideas y criterios con los distintos Administradores, que ya mencioné, y con miembros de la Junta Directiva, a los que me voy a  referir, aunque no  uno por uno, naturalmente. Me parece que esta es una oportunidad para esta recopilación, de tal modo que le sirva a los que se inclinan por análisis subjetivos o por enfoques estructurales de  fuente social.

Miembros panameños que formaron parte de la Junta Directiva de Panamá Canal Comission (antes de 1999)

1980-1983

Edwin Fábrega

Ricardo Alonso Rodríguez

Roberto Heurtemate

Tomás Paredes Royo

1983-1989

Luis  Anderson

Oydén Ortega

Fernando Cardoze

Carlos Ozores

Carlos Velarde

1990-1995

Luis Anderson

Cecilia Alegre

Alfredo Ramírez padre

Joaquín J. Vallarino

1995-1997

Fernando Cardoze

Emanuel González Revilla

Moisés Mizrachi

Jorge Eduardo Ritter

Nombramientos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (1997)

El Presidente de esta primera Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y nombrado por el gobierno con el rango de Ministro de Asuntos del Canal fue Jorge Eduardo Ritter

Miembros de la Junta:

Adolfo Ahumada (nombramiento por nueve años (1998-2007

Eloy Alfaro (nueve años)

Roberto Roy (nueve años)

Emanuel González Revilla (por 6 años)

Fernando Cardoze (por 6 años)

Moisés Mizrachi (por 6 años)

Samuel Lewis Navarro  (por 3 años)

Luis Anderson (por 3 años)

Raúl Montenegro V. (por 3 años)

De igual manera, la ley orgánica estableció que  uno de los miembros de la Junta Directiva sería nombrado por la Asamblea Legislativa, cuyo nombramiento sería de libre remoción de acuerdo con la disposición de ese Órgano del Estado. El primer nombramiento realizado para este cargo fue el Ingeniero Abel Rodríguez C.

En el 2001 vencen los nombramientos por 3 años y entonces se nombran a:

Antonio Domínguez

Mario Galindo

Guillermo Quijano

En el 2004 vencen los nombramientos por 6 años y se nombran a ;

Norberto Delgado

Eduardo Quirós

Alfredo Ramírez

Al asumir el nuevo gobierno en septiembre de 1999 es nombrado como nuevo Presidente de la Junta Directiva  y Ministro de Asuntos del Canal Ricardo Martinelli, quien renunció en enero de 2003. A raíz de esta renuncia se designó a Jerry Salazar.

Al tomar posesión el nuevo gobierno en septiembre de 2004, presidido por Martín Torrijos, fue designado como nuevo Presidente de la Junta Directiva  Ricaurte Vásquez

Luego de la renuncia de Vásquez, se nombra como Presidente de la Directiva y Ministro a Dani Kuzniechy

En 2007 vencen los nombramientos por nueve años y entonces se nombran a:

Adolfo Ahumada

Guillermo Chapman

Ricardo  de la Espriella

En el 2009   el nuevo Presidente Ricardo Martinelli, nombra como Presidente de la Directiva a Rómulo Roux.  En ese año, se reemplaza  al Ing. Abel Rodríguez y se nombra a Rafael Bárcenas, en representación de la Asamblea Nacional.

En 2010 vencen nuevos nombramientos (Domínguez, Galindo y Quijano) y el Presidente Martinelli designa a:

Marco  Ameglio

Nicolás Corcione

José A. Sosa

Se nombra Rómulo Roux Ministro de Relaciones Exteriores y como Presidente de la Directiva se designa a Roberto Roy.

En el año 2013 vencen los nombramientos  de Delgado, Quirós y Ramírez  y son reemplazados por :

Lourdes Castillo

Henry Mizrachi

Alberto Vallarino

En el 2014, el Presidente Juan Carlos Varela ratifica en la Presidencia de la Directiva a Roberto Roy

En septiembre de 2015, la Asamblea Nacional designó a Elías Castillo en reemplazo de Rafael Bárcenas.

En febrero de 2016  terminan los períodos de Chapman, de la Espriella y Ahumada y se designan a:

Francisco Sierra, Oscar Ramírez y Ricardo Arango.

 Hay diversas fuentes o procedencias políticas y distintas profesiones. Cada uno ha sido designado según el criterio y la preferencia de los Presidentes de la República a quienes les ha correspondido el vencimiento de períodos.  Esta es una de las discusiones más frecuentes, dado que hay sectores nacionales  que refieren directivos que no necesariamente pertenezcan a un mismo círculo social  y otros que hacen énfasis en la trayectoria del designado con respecto a  las luchas patrióticas por la soberanía panameña en todo su territorio.  En algún caso, también han existido recriminaciones de carácter ético y ello ha dado lugar a propuestas  en el sentido de que las designaciones deben obedecer a la representatividad del designado con respecto a alguna organización, especialmente de carácter obrero, Hay quienes sostienen que en la Directiva debe hacer representación de trabajadores en general , escogidos por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados ( CONATO) y otros que se inclinan porque la representación sea de los sindicatos que operan en el canal. Otros, en términos más generales, estiman que debe haber mayor participación de mujeres, mientras que hay quienes consideran que es preferible el nombramiento del Presidente de la República, tal como se señala en la Constitución, siempre que este  escoja profesionales destacados en temas que tengan vinculación con el Canal de Panamá. Es  una discusión que, de seguro, estará vigente por mucho tiempo.

Al respecto de las Administraciones y de la Junta Directiva, debo reconocer, al menos este es mi caso, que no tuve ni advertí problema alguno para la comunicación respetuosa y cordial con el resto de los miembros. Hasta donde llegó  mi capacidad de  observación, sentí siempre una atmósfera de trabajo sin fisuras, a pesar de que venían nombrados por distintos Presidentes de la  República o tenían militancia previa en algunos de los partidos del espectro político nacional. Siempre prevaleció un espíritu más canalero que político y, en las pocas ocasiones en las que pudo haber algún grado de reclamo o de crítica, los asuntos se resolvían sin enfrentamientos. Eso no quiere decir  que no se discutía. Se discutía, y mucho y cada cual aportaba según el ámbito de su experiencia, su capacidad y su noción de lo que debe ser el canal. Yo llegué y me mantuve allí con mi torrijismo, sabiendo además que ni los torrijistas ni los que no lo son tienen que estar condenados a los infiernos, sobre todo si hay luchas más trasciendes que la de las ideologías y si hay madurez para cruzar ideas sin necesidad de insultarse , ni ofenderse ni rebajar el debate al tono ríspido del ataque personal.

Las Junta Directiva sabe su rol, la Constitución y la ley y conoce que no puede reemplazar las funciones del Administrador  ni asumir tareas o responsabilidades que no le están concedidas. Igualmente, no recuerdo de interferencias ni arbitrariedades de ninguno de los Presidentes de la República con respecto al funcionamiento del   canal y al respeto debido hacia la autonomía de la Autoridad y su Junta Directiva. Creo que estos factores han sido positivos, dado que han dado lugar a  que no se instale en esa organización ningún ambiente de guerra interna, ya sea por pertenencia a partidos políticos, a competencias empresariales o a cualquier  otro elemento. Hasta ahora, el canal ha estado salvado en ese sentido y puedo afirmar que, en todo momento, siempre traté de que los problemas, aun los más agudos, se enfocaran con ánimo de diálogo y de concertación, incluyendo especialmente  con los sectores sindicales del canal.  Dejar bien el nombre de Panamá como dueña de la ruta de tránsito ha sido una tarea satisfactoria.

Retos del Canal

Quedan retos importantes. Terminar la ampliación, continuar atendiendo los  reclamos que reposan en los  tribunales internacionales  y continuar con  el autoexamen, para no dormirse en ningún laurel y para saber que  cada día se requerirán mayores esfuerzos, enfrentando la competencia, aunque no sabemos si también incluirá Nicaragua.

Un reto trascendente lo tendrá el canal en cuanto a la validez y el alcance de su autonomía. En ocasiones, siento que el régimen autonómico del canal es cuestionado, sobre la base de que es demasiado amplio y que lo coloca por encima o muy distante del acontecer nacional o de los otros organismos del Estado. Este es un tema que debe verse con sumo cuidado, porque soluciones emocionales como castigo por haber sido realmente autónomos, pueden dar lugar a inconsecuencias. La autonomía del canal y el régimen que la regula se produjo en un momento estelar, cuando las principales fuerzas políticas y sociales pudieron ponerse de acuerdo y se empinaron sobre sus diferencias para  colocar al canal en el mejor sitio posible. En otros momentos, se observa que el canal es el que le da más utilidad a la ruta y que ello  -- se dice en tono crítico—da lugar a una especie de transitismo que impide que otras áreas del país puedan desarrollarse  para contribuir de ese modo a tener una economía diversificada. No veo contradicción entre el uso de la ruta de tránsito y  el desarrollo de otras formas de producción en el resto de la Nación. Todo depende de la naturaleza de la planificación, de los acuerdos a los que se pueda llegar para señalar las prioridades nacionales. El canal está allí  y contribuye con más de mil millones de balboas al financiamiento de necesidades públicas, ojalá que aquellas que tengan mayor contenido social o las que impulsen la infraestructura, que son dos conceptos perfectamente compatibles. No veo que haya adicción al canal o que deba pensarse que es lo único con lo que cuenta la Nación. La formación del recurso humano también resulta en un  aporte esencial para seguir creciendo y para que los resultados de ese crecimiento, con políticas  reguladoras científicas, hagan que en Panamá la gente cada día tenga mayores y más amplias oportunidades. Hay quienes aplauden al Ing. Quijano y hay quienes lo censuran o lo atacan. Al Ing Alemán lo llamaban el emperador. Igual a Quijano. Eso es parte de la idiosincrasia nacional, a la autonomía, a la manera como cada cual percibe a estos funcionarios  a quienes les toca una tarea bien complicada. En el caso de la Junta Directiva sucede otro tanto, pero pienso que  debe prevalecer el altísimo sentido del trabajo que puede realizarse, el valor del canal, su contribución a la economía y a la estabilidad del país.


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Jornada sobre el Canal de Panamá  

Martín Torrijos Espino 

Presidente de Panamá 2004-2009

Presidente Fundación Omar Torrijos. 

 

 

En vísperas de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, la Junta Directiva de la Fundación Omar Torrijos consideró prudente el desarrollo de esta Jornada de reflexión sobre el Canal y sobre la Autoridad del Canal de Panamá.

Como es sabido, producto de una larga lucha de varias generaciones, Panamá recibió el Canal como resultado de los Tratados Torrijos-Carter, el 31 de diciembre de 1999.

Entre el año 2000 y el 2005 se realizaron una serie de investigaciones que fueron validando la necesidad de concretar un proyecto de ampliación del Canal, a fin de mantenernos competitivos en un mundo cada vez más globalizado.

Es así como el 22 de abril de 2006, fue presentada la propuesta de ampliación del Canal al pueblo panameño, quien sólo 6 meses después, el 22 de octubre, convocado un referéndum por nuestro gobierno, votó mayoritariamente a favor del proyecto de ampliación del Canal.

En septiembre de 2007, con la presencia del Presidente James Carter, dimos inicio a las obras de ampliación por parte de la ACP y casi dos años después, en julio de 2009, al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) le fueron adjudicadas las obras para construir las exclusas y  culminar el proyecto.

Han transcurrido más de 10 años desde que se terminaron los estudios del proyecto. Y muchas de las variables utilizadas para los estudios de viabilidad del mismo han cambiado.  En medio de las obras de la construcción surgieron retrasos de todo tipo y se desarrolla una tensa relación entre Panamá y GUPC. Por supuesto, llegaron los reclamos de aumentos exagerados de los costos por parte del Consorcio, acompañados de una intensa guerra mediática que preocupó al mundo naviero y al país en general.

El retraso en el tiempo de ejecución de la obra trastocó el flujo de recursos que debieron ingresar al Tesoro Nacional desde el 2014, año en que debió culminar la obra. Esta realidad la debe conocer el pueblo panameño, el único y verdadero dueño del Canal de Panamá, ya que fue él y solo él, el artífice principal de su reversión.

Esa es la razón de esta Jornada.

Para ello, hemos invitado hoy a dos distinguidos profesionales: Guillermo Chapman, quien desde la Junta Directiva y Rodolfo Sabonge quien desde varios cargos ejecutivos de la ACP conocieron en detalle el proceso de formulación, evaluación y desarrollo de la obra más importante en la historia de nuestro país. A ustedes dos, nuestro más profundo agradecimiento.

De igual manera, el doctor Adolfo Ahumada, disertará pasado mañana jueves, sobre la evolución de la Autoridad del Canal de Panamá en sus 16 años de vida orgánica, desde la perspectiva de un panameño ilustre que formó parte del equipo negociador de los Tratados Torrijos-Carter y de la Junta Directiva de la ACP.    

Los tres participaron, junto a otros panameños, en las tareas estratégicas vinculadas a la ampliación del Canal y son conocedores de las fortalezas y debilidades de la ACP.

La Fundación Omar Torrijos, que presido, le sometió al país la propuesta para que una de las dos esclusas del Canal ampliado llevara el nombre de Torrijos-Carter, en honor a esos dos dirigentes que firmaron los Tratados mediante los cuales revirtió el Canal a Panamá y bajo soberanía exclusivamente panameña ha sido posible su ampliación.  Más de 15 mil panameños se sumaron a la iniciativa y la otra semana se la presentaremos a la Administración del Canal.

¿Algunas personas me han preguntado por qué lo hicimos? 

Les respondo así: Estamos a escasos días de lo que será el acontecimiento más importante de la primera mitad de este siglo: el inicio del funcionamiento del Canal de Panamá ampliado.

Lejos de unificarnos por la culminación de una historia llena de lucha, sacrificios, orgullo y honor, nos encontramos con esta inauguración como si se tratara sólo de una magnífica obra de infraestructura,  producto de cálculos de ingenieros y no de la lucha de un pueblo y del sacrificio de  sus mártires. 

En el mes de junio se inaugura una obra que algunos miden en toneladas de concreto y hierro, y no en el sentimiento que genera el valor y la hidalguía de una nación luchadora, compuesta por hombres y mujeres que supieron defender con coraje nuestra soberanía y nuestro derecho a ser independientes. 

Esta obra ha sido excavada en la misma tierra en la que hemos enterrado a nuestros muertos y ha sido levantada sobre el coraje de todos aquellos panameños que a lo largo del siglo XX dieron muestras de rebeldía ante la opresión, realizaron acciones valientes y algunos dieron su sangre para evitar ser una estrella más de la bandera de los Estados Unidos.

Algunos parecen pensar y promover que el futuro que se abre en el presente a nuestro país se lo debemos enteramente a la moderna tecnología, a la suerte o a los que les tocó la casualidad de estar en el lugar apropiado y en el momento histórico justo. En ello hay egoísmo, mucho del simplismo de creer que al futuro se puede llegar sin que sea consecuencia del pasado. 

No vivo del recuerdo, pero tampoco me falla la memoria. No acepto que escojan selectivamente, por capricho o conveniencia, cuales hechos son los que consideran los momentos estelares de nuestra historia patria. 

Me mueve el sentimiento de quienes palpamos que, año tras año y de manera sistemática, se pretende desconocer que la lucha por nuestra libertad innegablemente ha sido y es la lucha por nuestro futuro.

A quienes hoy dirigen esa campaña encaminada a desconocer que como nación nacimos hipotecados a perpetuidad, los llamo a la reflexión para que logren entender y reconocer que, sin mezquindades y erguidos, hoy podemos mirar al futuro con optimismo. Es por eso que debemos dar una mirada al pasado y a quienes lucharon y construyeron los cimientos de lo que somos.

Durante el referéndum que aprobó por mayoría la construcción de esta ampliación, los panameños repetimos mil veces que el Canal es de todos. Hay quienes no oyeron ni entendieron que fue una decisión soberana de todo un pueblo que votó por invertir en este proyecto, que tuvo confianza en que sus heroicas historias del pasado le aseguraban un buen resultado.

Ni el egoísmo, ni los resabios del pasado deben  mantener el Canal aislado de los panameños. Sería un error imperdonable, sería limitar nuestro potencial. Sería desconocer que la lucha generacional y su desprendimiento fueron capaces de unificarnos para que con dignidad, de forma pacífica y civilizada, a través de  los Tratados Torrijos Carter, resolviéramos para siempre la condición colonial de nuestra patria y recuperáramos el Canal de Panamá. 

Este hecho trascendental nos obliga a  valorar en toda su dimensión la unión, el puente histórico, entre el sacrificio patriótico de nuestro pasado con el brillante porvenir de nuestro futuro. 

El Canal es de todos. De todos los que lucharon por la independencia y soberanía de Panamá y de todos los que lo construyen y habitan hoy día. 

¡Muchas Gracias y bienvenidos a la casa de Omar!



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